Entrevista a Lourdes Méndez Monasterio (VOX)

Hoy en 'Mañanas en Libertad' Luis del Pino entrevista a la diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio para hablar de la resolución del Tribunal Constitucional que avala la 'Ley Montero' sobre el aborto. El Tribunal Constitucional de España ha permitido que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres. Esta decisión refuerza la conocida ‘Ley Montero’ sobre el aborto, asegurando además que los hospitales públicos se conviertan en los centros de referencia para la realización de esta práctica. La resolución es el resultado de un recurso presentado por el partido político Vox, que ha sido rechazado por una mayoría de 7 votos a favor, procedentes del bloque progresista, y 4 en contra, de los jueces conservadores. El partido Vox, liderado por Santiago Abascal, argumentó que la ley en cuestión podría vulnerar varios principios constitucionales, incluyendo los de libertad, pluralidad y legalidad. También expresaron preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos a la igualdad, la vida y la libertad ideológica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aprobó que las menores aborten, por lo que no consideró estos argumentos suficientes para anular la ley. La ‘Ley Montero‘ introduce varios cambios significativos en la legislación del aborto en España. Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la obligación de informar a las mujeres sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad. Anteriormente, se requería que las mujeres recibieran esta información antes de poder proceder con un aborto. Además, la ley elimina el período de reflexión de tres días, que anteriormente era obligatorio para todas las mujeres que solicitaban un aborto. Este período tenía como objetivo dar tiempo a la mujer para considerar su decisión, pero quienes lo ven como una medida paternalista y restrictiva lo han criticado. Otra disposición importante de la nueva ley es la creación de un registro de objetores de conciencia. Este registro incluirá a todo el personal sanitario que se niegue a participar en procedimientos de aborto por razones morales o religiosas. La creación de este registro pretende garantizar que los servicios de aborto sigan siendo accesibles a pesar de las objeciones individuales de algunos profesionales de la salud.