Tertulia en libertad | 31/07/2025

Hoy contamos en la Tertulia en Libertad con Mario Noya y Marcos de Quinto para hablar sobre los temas más relevantes de hoy. La Diputación de Valencia abre expediente a la mujer del Comisionado para la Dana. La Diputación de Valencia abrió expediente a Carmen Ninet, mujer del comisionado de la DANA, tras la noticia de OKDIARIO sobre su falta de titulación universitaria para ocupar un cargo A1.  Ninet es subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración sin poseer licenciatura, requisito obligatorio para ser funcionaria A1. Solo tiene un curso del IESE, que no es equivalente a un grado universitario. Debe aportar documentación que acredite la validez de su designación. José María Ángel Batalla dimitió como comisionado tras acreditarse que falsificó un título universitario para ser funcionario.  En su carta de renuncia Batalla, aseguró haber accedido "de forma legal y reglamentaria" a su puesto hace 43 años sin admitir irregularidades.  "No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea", declaró tras falsear un título de diplomado en Archivística por la Universidad de Valencia.  El caso recuerda al de la delegada Pilar Bernabé, que también mintió sobre su titulación durante 14 años. Más temas de la Tertulia: En la tertulia también les hablamos de que la Asociación Independiente de Fiscales pide al Supremo la suspensión cautelar de Álvaro García Ortiz. considera que esta medida es imprescindible para preservar la imparcialidad del proceso. En su escrito, la asociación Independiente de Fiscales advierte de que García Ortiz, en calidad de fiscal general, podría impartir órdenes al fiscal que intervenga en el juicio. Lo que supondría una grave anomalía jerárquica.  Argumentan además que, aunque esté en servicios especiales, sigue sometido al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la suspensión cuando se abre juicio oral. La asociación remarca que mantenerlo en el cargo mientras es juzgado dañaría la credibilidad de la institución. Además solicita que sea el propio Tribunal Supremo quien actúe para evitar un deterioro (aún mayor) de la confianza pública en la Fiscalía.